El día de ayer 12 de junio el Tribunal
Constitucional público en su portal web la Resolución de fecha 12 de mayo de
2014 mediante la cual atiende el pedido de aclaración presentado por la
Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones.
La aclaración del Tribunal
Constitucional no podía ser más clara. Primero, ratifica que el JNE, al haber
realizado una interpretación arbitraria de las resoluciones del Poder Judicial,
respecto a la fecha en la que Santiago Mozo fue rehabilitado, lesionó los
derechos de participación política de Santiago Mozo (que incluye el derecho de
ser elegido y ejercer cargo público). En consecuencia corresponde restablecer
su derecho como Alcalde de Villa El Salvador.
Cabe señalar que el JNE no tiene competencia para interpretar ni variar
las resoluciones del Poder Judicial, sin embargo hizo una interpretación
arbitraría de la Resolución de fecha 10 de diciembre de 2010, mediante la cual declaró
la rehabilitación de Santiago Mozo. De tal manera que al iniciar su periodo de
Alcalde ya no tenía impedimento para ejercer cargo público.
En segundo lugar, frente a la
“sugerencia” del JNE de variar la Sentencia del Tribunal de tal manera que Guido
Iñigo continúe en el cargo de alcalde, el Tribunal Constitucional ratifica que
la vacancia de Santiago Mozo fue ilegitima, en consecuencia el JNE debe
restablecer los derechos de Santiago Mozo como alcalde de Villa El Salvador.
En el tercer lugar, frente al
pedido de aclaración del JNE, respecto al reclamo nulidad de la referida
Sentencia por supuesto vicio procesal, presentado por Guido Iñigo, el Tribunal
Constitucional simplemente la desestima debido a que con este artificio se
pretende cuestionar la Resolución del Tribunal, lo cual es inaceptable debido a
que las resoluciones del Tribunal Constitucional son inimpugnables.
Finalmente, obsérvese que en el
numeral 5 de la Resolución, el Tribunal Constitucional señala que, no obstante
que Guido Iñigo y Oscar Campó han ocupado el cargo de Alcalde y Regidor como
resultado de la ilegitima vacancia de Santiago Mozo, todos sus actos jurídicos
como alcalde y regidor respectivamente son declarados validos con la única
finalidad de evitar un perjuicios a la Administración Municipal. La pregunta
cae por su peso ¿quién va a responder por los millones de soles perdidos en todos
los casos de corrupción que hoy la Fiscalía Anticorrupción está investigando?